Quisiera exponer lo que percibo es uno de los muchos puntos de divergencia en el debate entre el movimiento estudiantil y el gobierno. No argumentar a favor de un lado u otro, sino distinguir los elementos técnicos, los valóricos e ideológicos involucrados. Es un ejercicio de claridad personal con respecto al tema.
Desde el punto de vista de la derecha, el asunto es económico. El enfoque es individual: la persona desea educarse porque la educación le permitirá acceder futuramente a un mejor estándar de vida. Si eso es verdad y la motivación para estudiar es egoísta, pragmática, utilitarista, monetaria en última instancia, entonces es suceptible de ser gravada o por lo menos no financiada por el estado.
El problema. Desde esta perspectiva el problema está en que es esencialmente inmoral financiar estatalmente una actividad que reportará beneficios individuales a un grupo limitado de personas con el dinero de los impuestos de todos los chilenos.
Lo correcto para este punto de vista es más bien lo contrario: contar hoy con las futuras ganancias económicas de los universitarios, para que ellos se hagan cargo de su educación, con una menor intervención estatal por persona, involucrando a la banca y así “democratizar” el acceso a educación superior, a través de destinar el dinero estatal que no se invierte en todos los universitarios, para financiar sólo a los de menores recursos económicos mediante becas. Esto a la vez, favorecería el dinamismo económico del país al subvencionar a la banca: la educación como proceso de formación personal, al ser fruto del esfuerzo y pago individual, ayuda al desarrollo económico del país, se transforma en un sector productivo más.
Esta narrativa es la parte más visible de una estructura de pensamiento más profunda que subyace a lo explícitamente expresado: el estado no deba administrar sino regular y fiscalizar.
Desde el punto de vista opositor (al que no llamaría de izquierda sino “más cívico”), el asunto es societal. Se considera que el principal interesado en que las personas se eduquen adecuadamente es el estado. Que por la misma naturaleza del estado, quien está compuesto por los ciudadanos, la sociedad toda se robustece cuando cuenta con personas cultivadas. Que incluso desde el punto de vista desarrollista, contar con una masa crítica de capital humano avanzado, conviene al estado por cuanto el conocimiento es y será el motor para alcanzar el desarrollo integral de la sociedad. Si el estado quiere cumplir con la función para la cual fue creado en 1789 bajo los valores de igualdad, libertad y fraternidad, entonces no tiene opción: tiene que contar con personas educadas al máximo de su potencial, con personas críticas y valóricas; no pragmáticas y utilitaristas. Es el estado quien debería buscar moral, cívica y productivamente la educación de su gente, porque la sociedad toda es su principal beneficiada.
Establecer mecanismos para lucrar con lo que el estado de todas formas tiene que asegurarnos mediante los recursos que recibe anualmente por concepto de impuestos; es simplemente una forma de robo, un aprovechamiento a todas luces incorrecto.
Lo correcto, desde este enfoque, es entregar educación gratuita a las personas y es inmoral cobrarles por lo que es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque desde esta lógica, el hecho de que vivamos juntos en sociedad no es a propósito de nada: vivimos juntos para poseer ciertas ventajas comparativas a las que tendríamos viviendo cada uno en su cueva. Una de esas ventajas es educación. Es todo el sentido del pago de impuestos: conservar los beneficios que tenemos por vivir juntos. En el momento en que una persona no sienta que tiene ninguna ventaja viviendo en nuestro estado, en comparación a las condiciones que tendría viviendo en la selva amazónica virgen; entonces se habrá perdido el sentido de hacer un estado. Se habrá perdido el enfoque valórico que nos une: el de la igualdad, libertad y fraternidad. No hay igualdad cuando tienes un sistema en donde, gracias al lucro, tienes la educación de la calidad que puedes pagar; no hay libertad cuando no estás educado al máximo de tu potencial; no hay fraternidad cuando por no tener dinero simplemente no puedes educarte. Por eso la educación es un derecho: porque el estado tiene que asegurarla o su existencia se vuelve absurda. No es permisible que la educación pública sea valorada con términos de productividad económica.
Claramente estas dos posturas a este nivel son irreconciliables. Difieren en premisas de bases y en valores. El quid del asunto está acá, pero que constantemente se hace el esfuerzo de hablar de lo técnico. Como si evitar el tema valórico y centrarse en lo accesorio, fuera a hacer desaparecer la diferencia. Lo técnico es accesorio. Toda propuesta valórica puede tener asociada una propuesta técnica en términos económicos y legales. Ambas posturas pueden llevarse a cabo con voluntad pero no va a pasar nada mientras no se discuta primero, en qué es lo que cree Chile.
